Bolivia: de Evo al caos y la incertidumbre
Bolivia amaneció este lunes sumida en el caos y la incertidumbre tras el vacío de poder que ha dejado la renuncia forzosa del presidente Evo Morales. Partidarios y adversarios de Morales se han lanzado a las calles a protestar y, en algunos casos, a saquear comercios, atacar viviendas y asaltar embajadas extranjeras, según las crónicas que envían periodistas desde distintas ciudades bolivianas.
La policía y los militares, que retiraron su apoyo a Morales, tienen la responsabilidad fundamental de restaurar el orden. Pero debería quedar bien claro que el propio Morales es el máximo responsable del desbarajuste que se ha formado en su país.
Como primer presidente indígena de Bolivia, Morales encarnó la esperanza de progreso de la tradicionalmente preterida mayoría de los bolivianos, que son mestizos e indígenas como él. Al iniciar su mandato, aumentó los impuestos sobre la industria del hidrocarburo e invirtió buena parte de los fondos recaudados en combatir la pobreza, alfabetizar a campesinos y combatir el racismo y el sexismo.
También promovió una economía mixta con éxitos notables. Pero todo esto lo hizo mientras tronaba demagógicamente contra Estados Unidos y se aliaba con cuanto dictador asumía el manto de “izquierdista” o “socialista”, enviando un claro mensaje de cuáles eran sus intenciones a largo plazo.
Morales, en efecto, se atornilló en la silla presidencial de Bolivia durante casi 14 años. Ningún gobernante que permanezca en el poder tanto tiempo merece el calificativo de demócrata, aunque para tratar de ganárselo autorice alguna que otra pantomima de electoral. También persiguió sin tregua a rivales políticos y restringió la libertad de prensa.
En 2016, Morales perdió por escaso margen un referendo sobre si se le debía permitir postularse a un cuarto mandato presidencial, a pesar de haber utilizado tramposamente el aparato estatal para promover el sí. Pero su descomunal sed de poder le hizo ignorar el resultado y de esa forma sentó las bases de un descontento popular que ha ido en aumento año tras año.
La gota que derramó el vaso de la paz social en Bolivia fue el dudoso ardid electoral que hizo Morales el pasado 20 de octubre para evitar una segunda vuelta. Con más del 84% de los votos escrutados, el presidente indígena iba ganándole a su retador, Carlos Mesa, pero sin lograr el 50% de los votos ni el margen del 10% que exige la Constitución -la cual él mismo hizo adoptar - para evitar una segunda vuelta.
Entonces sobrevino el proverbial apagón, tan socorrido en Latinoamérica, que detuvo el conteo. Cuando éste se reanudó, 23 horas después, el tribunal electoral, integrado por incondicionales de Morales, le dio la victoria. El mandatario temía la segunda ronda porque todos los candidatos de la primera habían anunciado que apoyarían a Mesa.
Esta burda manipulación desató 18 días de protestas que alcanzaron su punto culminante el domingo, cuando se hizo pública una demoledora auditoría de la elección realizada por más de 30 funcionarios de la OEA.
La revisión concluyó que la elección presidencial había tenido “graves irregularidades” e instó a convocar una nueva. Los auditores encontraron anomalías en “las cuatro categorías examinadas”, incluyendo “la tecnológica, la cadena de custodia (de los votos), la integridad de las boletas y las proyecciones estadísticas”.
Con la típica soberbia de los gobernantes prepotentes, Morales trató de ignorar las protestas populares. El 27 de octubre, sintiéndose fuerte todavía, descartó “cualquier negociación política” con la oposición.
El dos de noviembre, cuando ya había comenzado la auditoría de la OEA, hizo un llamado a las fuerzas armadas para que lo respaldaran, en una velada amenaza a los opositores. Confiaba en que los años en que había adulado y otorgado prebendas a los jefes militares le garantizarían su respaldo.
Pero se equivocó. Los policías primero y los militares después se negaron a reprimir las manifestaciones. Y eventualmente le exigieron la renuncia a Morales.
En el momento en que escribo esta columna, Morales se ha refugiado en su natal Cochabamba, donde siempre ha tenido bastante apoyo. Al parecer, aspira a regresar milagrosamente al poder como hizo su compinche venezolano Hugo Chávez en abril de 2002.
El gobierno de México, que le había felicitado por su “victoria” en la mojiganga electoral, le ofreció asilo, algo que habría concedido ya a 20 exfuncionarios de su gobierno. Pero el país continúa en el caos, sin que esté nada claro quién lo gobernará ahora.
Sea quien fuere, su primera obligación será frenar la violencia y los saqueos y restablecer la ley y el orden constitucional. La segunda obligación debería ser convocar nuevos comicios presidenciales a la mayor brevedad posible, garantizando la participación de todos los sectores políticos del país hoy profundamente dividido y abriendo el proceso a una rigurosa observación internacional.
Los demócratas bolivianos y del mundo entero deberían juzgar a quienes han forzado la renuncia de Morales no solo ni principalmente por esa acción, sin duda polémica, sino también y sobre todo por sus consecuencias inmediatas y futuras.
La única meta defendible es la restauración de la democracia, con plenas garantías y libertades para los bolivianos, incluyendo a los del gobierno depuesto que no hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.